Mas surpreendemente, o poder judicial, que neste país quase sempre canta em coro com o poder executivo, decidiu não dar continuidade à caixa crime. Uma das razões ? "Os protestos estão perfeitamente justificados com a decadência actual da classe política actual". E sim, isto aparece exactamente assim no documento oficial da resolução (que eu li atentamente de uma ponta à outra porque nem queria acreditar... atenta na imagem que anexo).
El juez justifica el cerco al Congreso por “la decadencia” de los políticos, at La Vanguardia, 05/10/12
Una decisión judicial aumentó ayer la polémica sobre las manifestaciones registradas junto al Congreso. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó el archivo de las diligencias instruidas contra ocho personas imputadas por haber intervenido en la organización de la protesta. Lo importante no es sólo la decisión, sino los argumentos en los que se basa, en el sentido de que una de las causas que explican las concentraciones es “la decadencia de la denominada clase política”.Se trata de la primera resolución de la Audiencia sobre las protestas organizadas por el movimiento 25-S, referida en este caso sólo a los convocantes. Estas diligencias se abrieron antes de las manifestaciones y por tanto no incluyen a los detenidos durante la protesta. El auto del juez Pedraz se refiere en exclusiva a quienes hicieron llamamientos para participar en el 25-S. Las decisiones que se adopten sobre los detenidos dependerán, en suma, de los datos que existan sobre su presunta participación en otros hechos por los que están inicialmente imputados por varios supuestos delitos, entre ellos desobediencia y lesiones.
La juez ante la que prestaron la primera declaración estimó que algunos de ellos podrían haber incurrido también en un delito contra las altas instituciones del Estado, del que debería entender la Audiencia Nacional. El juez Pedraz, a su vez, rechazó esa competencia a la vista de las diligencias policiales, y no acumuló al primer proceso los datos sobre incidentes y detenciones del pasado 25 de septiembre, que quedaron en manos de la justicia ordinaria. El Supremo tendrá que decidir a quién corresponde seguir el caso. La Fiscalía, a su vez, cree que al menos siete de los detenidos pudieron cometer el mencionado delito contra las altas instituciones del Estado.
A la espera de lo que se resuelva en el caso de los detenidos en el cerco al Congreso, el primer auto de Santiago Pedraz sobre los convocantes es todo un revés para el Gobierno y la mayor parte de los partidos del arco parlamentario, en la medida en que el juez asume los motivos de la protesta. “No cabe –dice el auto– prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por más que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional, ni, menos aún, de prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad, máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política”.
En el auto en el que archiva las diligencias abiertas contra los organizadores de la manifestación, el magistrado recuerda que la libertad de expresión ampara este tipo de manifestaciones y recuerda que exigir un proceso de destitución y ruptura del régimen vigente mediante la dimisión del Gobierno en pleno –como hacían los convocantes del 25-S–, en modo alguno puede considerarse como un delito. Y razona que ello es así “no sólo porque no existe, sino porque en caso de que sí existiera atentaría claramente al derecho fundamental de la libertad de expresión”, que es uno de los más importantes entre los reconocidos en la Constitución.
La resolución también dirige críticas frontales a la Policía, a la que acusa de haber exagerado la verdadera dimensión de los hechos. El juez estima que nunca se pretendió llamar a la toma del Congreso por las armas y que los incidentes protagonizados por algunos manifestantes durante el cerco del 25-S no se pueden atribuir a quienes convocaron una protesta que pretendía ser pacífica. Los convocantes celebraron con alborozo la resolución, criticada en cambio por la generalidad de las fuerzas políticas, con más o menos contundencia.
El presidente del Congreso, Jesús Posada, trató de representar el sentir general en la Cámara al manifestar que la clase política no está en decadencia y que aunque los políticos no deben enjuiciar a los jueces, en este caso quería disentir abiertamente. Pero no todas las reacciones fueron tan comedidas. El secretario de Formación del PSOE y portavoz socialista en la comisión de Fomento del Congreso, Rafael Simancas, recurrió a la ironía y devolvió la crítica al juez. En Twitter, Simancas dejó caer el siguiente comentario: “¿Habrán quitado los espejos en los juzgados?”. El diputado socialista hizo un pareado con el apellido del juez y le llamó “lenguaraz”. Los jueces, a su vez, se dividieron ante el auto. La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), lo criticó, sobre todo por su alusión a la clase política, y lo consideró un “exceso literario” que resulta “innecesario y superfluo”. Pero la asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD) estimó que al referirse a los políticos el magistrado sólo quiso transmitir la opinión de los convocantes de la manifestación.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, volvió a defender la actuación de las fuerzas del orden. Añadió que hicieron un “servicio ejemplar” el 25-S.
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